Álvaro García Linera: EEUU protege a “criminales” de la masacre de 2003

El Alto, 16 de oct. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, denunció el martes que el gobierno de Estados Unidos protege a los “criminales” que ordenaron la masacre de octubre en 2003 en el país, en la denominada “guerra del gas”, por determinación política y sin base legal.

“Octubre marcó el derrumbe de una pandilla de criminales que estaban dispuestos a matar a todos los bolivianos con tal de preservar sus privilegios, esos criminales han escapado a Estados Unidos y lamentablemente la Embajada norteamericana y el gobierno norteamericano en vez de hacer justicia, de ayudar a castigar a un criminal, a un genocida, lo encubre y lo protege”, denunció el Segundo Mandatario.

El también presidente de la Asamblea Legislativa, lamentó que el gobierno estadunidense proteja a criminales y genocidas por una política estatal y sin fundamento legal.

“Está claro que es una decisión política, no es un hecho legal, es la decisión política de un gobierno que siempre ha protegido y parece ser que quiere seguir protegiendo a los poderosos, a los malvados, a la gente que tiene veneno en el corazón”, precisó.

Asimismo, recordó que la denominada “guerra del gas” de octubre de 2003, marcó el inicio de una nueva era para el país, porque a partir de ello, se inició la lucha por recuperar los recursos naturales que estaban en poder de empresas transnacionales y dio las pautas para la conformación de la Asamblea Constituyente que escribió una nueva Constitución Política del Estado a pedido del soberano.

La “guerra del gas” se desató en octubre de 2003 contra exportación de gas natural a Estados Unidos y México, por un puerto chileno, por decisión del entonces presidente y ahora prófugo de la justicia boliviana, Gonzalo Sánchez de Lozada.

Las principales demandas de la “guerra del gas” era la no exportación de ese energético hasta que no se garantice el abastecimiento interno a bajos costos en comparación a los que se pretendía exportar ese recurso natural no renovable, a un dólar por millar de BTU. Así, como conformación de una Asamblea Constituyente para consolidar un nuevo pacto social.

La Pacific LNG, la British Petroleum y Repsol YPF habían pronosticado una inversión de tres mil millones de dólares en territorio chileno, el precio de venta del gas era menor al dólar por millar de BTU y las ganancias aproximadas eran de mil millones de dólares de los cuales el estado boliviano solo recibía el 18 por ciento, 180 millones de dólares por año.

Los planes, pasaban por exportar gas natural por Chile y venderlo a bajo costo a California y México, por una absoluta soberbia de Gonzalo Sánchez de Lozada que ratificó su decisión públicamente, en cadena nacional, señalando que “el Estado soy yo”, minando los reclamos de la oposición política.

Un mes antes que se emita el Decreto Supremo Nº 27209/03, que establecía la venta de gas a Estados Unidos, las Fuerzas Armadas reprimieron violentamente a los pobladores indefensos de Warisata y Sorata, que concluyó con las jornadas de “octubre negro”.

Los pobladores de la ciudad de El Alto, junto a indígenas de tierras altas que llegaron a reclamar por el gas fueron los principales protagonistas del conflicto de octubre de 2003.

Los primeros días de ese fatídico mes, cuando la dirigencia de la ciudad de El Alto declaró un paro cívico indefinido cercando a la ciudad sede de gobierno, el 13 de octubre, el Gobierno de Goni ordenó que un convoy militar garantice el ingreso de cisternas con gasolina y víveres para abastecer a la ciudad de La Paz.

En la zona de la portada, militares con armas de guerra y ametralladoras empezaron a disparar contra los manifestantes que se defendían con palos y piedras; desde helicópteros lanzaban ráfagas contra los techos de las casas, según reportes de los medios de comunicación radiales que también denunciaron el asesoramiento de funcionarios estadounidenses en Bolivia.

El conflicto se agravó para el Gobierno con la llegada de organizaciones sociales hasta La Paz, incluidos mineros con dinamitas para reforzar las medidas de presión contra el abuso gubernamental.

Ante esa decidida acción del pueblo boliviano, el 17 de octubre de 2003, luego de una valerosa batalla en las calles de las ciudades de La Paz, El Alto y el inicio de una huelga de hambre nacional, Sánchez de Lozada dimite y huye del país en helicóptero junto su principal hombre de confianza, Carlos Sánchez Berzaín.

En esas sangrientas jornadas el pueblo boliviano declaró duelo nacional por la muerte de 67 personas y más de 500 heridos por las Fuerzas Armadas que en su afán de dispersar las movilizaciones sociales acribillaron a los manifestantes en las ciudades de La Paz y El Alto.

Rts/Lcr

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